Nuestra amiga Paola Andrea Acosta gentilmente nos manda esta reseña:
Jessica Almqvist y Carlos Espósito (Coord.). Justicia Transicional en Iberoamérica. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2009. 368 p.
¿Cuál es el papel de los Tribunales, nacionales e internacionales, en los procesos de transición? Este interrogante, que no tiene una respuesta fácil, es el norte que guía a los coordinadores y autores de este libro. ‘Justicia Transicional en Iberoamérica’ no es un compendio sin más, como tantos otros, sobre experiencias de procesos transicionales; por el contrario, se trata de un libro con un eje temático determinado -la administración de justicia- y un propósito claro: poner de presente el papel protagónico de los tribunales en el marco de la justicia transicional, resaltar su creciente utilidad e interacción y hacer un análisis crítico de los puntos ciegos que hace falta superar para perfeccionar su tarea.
En esta ocasión, los autores parten de un consenso: la administración de justicia, y particularmente la justicia penal, es parte fundamental de toda estrategia de transición pues es en este escenario donde se logra, con mayor eficacia, la garantía de los derechos de las víctimas. Ahora bien, quienes escriben son conscientes de los obstáculos tanto técnicos como estratégicos a los que los tribunales se enfrentan y por ello sus textos antes que ajenos a tales dificultades, las analizan y, en ocasiones, muestran propuestas de superación.
Este énfasis en lo judicial es consecuente con la tendencia académica que pretende hacer evidente la cada vez mayor interacción y retroalimentación entre los diversos estadios de administración de justicia –nacional e internacional, penal y constitucional- como escenarios vitales para hacer frente a la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, acaecidas en el marco de los conflictos internos o los quiebres a la democracia. La estructura del documento es prueba de ello.
Tras la presentación de sus coordinadores (Jessica Almqvist y Carlos Espósito) nos encontramos con una acertada introducción de Paul Seils quien tras evocar los objetivos de la justicia transicional se preocupa por recordarnos el papel que la justicia penal asume frente a éstos. Con ello se abre paso hacia el análisis de las experiencias de la jurisdicción criminal de Argentina, Chile y Colombia (Parte II) como ejemplos de prácticas –mejores o peores- de lo que se debe y de lo que no se debe hacer en la lucha contra la impunidad entendida como una estrategia elemental de la política de transición.
En estos acápites pasamos del análisis de la experiencia argentina que en sus inicios transitó por las penumbras de las amnistías y los indultos pero que tras un fallo histórico de la Corte Suprema de Nación en 2005 en el que se anularon las leyes de punto final encontró la luz, a la experiencia chilena que nos deja ver cómo el perfil y el papel de los jueces durante la dictadura (1973-1990) marcó el sendero a seguir por la justicia en el ámbito democrático; para finalizar con la práctica colombiana, una experiencia en curso, y como el autor del acápite en cuestión señala, un caso ‘heterodoxo, diferente y específico’ por tratarse de una y ‘transición’ que se adelanta a la par del desarrollo y encrudecimiento del conflicto armado que se pretende superar, un desafío, por lo tanto, particularmente difícil para la justicia penal.
Ahora bien, esta publicación concibe a la administración de justicia como un todo cuyas partes necesariamente deben cooperar y mantener una lectura coherente de su papel durante la transición, por ello, pese a que en el documento se hace un particular énfasis en el papel de la justicia criminal los autores también se ocupan del análisis de las demás jurisdicciones. Así pues, nos encontramos una mirada desde los tribunales constitucionales (Parte III), así como desde la jurisdicción en general, tal sea el caso español (Parte IV) y, por supuesto, desde las instancias internacionales de derechos humanos como pieza básica del engranaje judicial en este contexto (Parte V). En estos acápites la pregunta que se intenta responder es ¿Cuál es el papel de las jurisdicciones constitucionales o internacionales de derechos humanos en la lucha contra la impunidad, o mejor, en la persecución penal como estrategia fundamental del proceso de transición?
La lectura del papel de la jurisdicción constitucional se hace tomando en consideración el rol que ésta debe cumplir como garante de los derechos fundamentales y, por lo tanto, como protagonista de la respuesta institucional a las necesidades de la transición, pero sobretodo, a las necesidades de los individuos en el contexto transicional. En este orden de ideas, se hace una exposición crítica del papel de la Corte Suprema de la Nación en el caso argentino, una presentación detallada de la configuración del trabajo del Tribunal Constitucional chileno y de su papel durante la transición para finalizar con un análisis de la legislación de ‘Justicia y Paz’ en Colombia, tal como la aprobó la Corte Constitucional de éste país, como marco para el desarrollo de un aparente proceso transicional.
Por su parte, la experiencia española nos muestra cómo la judicatura ha intentado sumarse al compromiso de lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, logrando pequeños pasos no sin enfrentarse a serios obstáculos de coherencia y suficiencia en su trabajo. Tal como lo señala Alicia Gil Gil en su texto, tales obstáculos son ante todo el resultado de una legislación insuficiente y poco coherente con los compromisos internacionales en la materia, una legislación que requiere una seria intervención que permita a los jueces actuar de forma no sólo más coherente sino , y sobre todo, más contundente.
Por el contrario, en el caso del sistema interamericano encontramos, tal como lo enseña Felipe González en el recorrido histórico que hace del trabajo tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana en torno a estos temas, una jurisprudencia consolidada y coherente, una jurisprudencia de largo alcance en contra de las amnistías y los indultos, una jurisprudencia, por lo tanto, a favor de todas las garantías de los derechos de las víctimas, así como de todas las condiciones necesarias para la consecución de los objetivos de la transición.
Por supuesto, este documento no estaría completo sin un reconocimiento del papel fundamental de la comunidad internacional, su ordenamiento y, por lo tanto, sus tribunales ante los escenarios de transición. Por ello, tras el estudio de las experiencias de las jurisdicciones nacionales o la regional, el documento abre paso a un análisis de la jurisdicción internacional desde el escenario de la Corte Penal Internacional como órgano útil a los procesos de transición (Parte VI). Se trata de dos artículos que pretenden, por una parte, develarnos las herramientas que proporciona el Estatuto de Roma a los administradores de justicia a nivel nacional y, por la otra, analizar cómo el trabajo de éste órgano puede coadyuvar en las situaciones de transición.
Como no podía ser de otra manera, el libro cierra con un acertado capítulo titulado Reflexiones sobre desafíos actuales para la justicia transicional (Parte VII). Allí, se enlistan algunas de las preguntas básicas sobre el papel de la justicia penal, sobre su configuración nacional, internacional o híbrida, sobre sus problemas técnicos, así como sobre su alcance y verdadero papel en la transición.
Como se observa, si bien estamos ante una publicación que se concentra en presentar críticamente la experiencia pasada y presente -con miras a hacer lecturas hacia futuro-, del papel de los tribunales en época de transición en una región particular cual es Iberoamérica, gracias a la planeada articulación de los textos que la componen, así como al enfoque de los autores, su lectura es útil y enriquecedora desde cualquier rincón del planeta, más aún si tomamos en consideración que, la superación de las graves violaciones a los derechos humanos ha dejado de ser un asunto de atención exclusiva de los Estados que se enfrentan a la transición para pasar a ser un asunto de interés común de la humanidad.
Paola Andrea Acosta Alvarado
Docente Investigadora, Universidad Externado de Colombia
