El domingo se producía otro de los lamentables sucesos que se presentan con posterioridad al golpe de Estado en Honduras, en donde Manuel Zelaya, ¨Mel¨, para sus seguidores, resuelve tomar un avión del ALBA, con tripulación venezolana y ordenar que lo dejen aterrizar en su país para recuperar el poder y restaurar el orden democrático. Este suceso dejo dos muertos de manifestantes, que se les imputa al ejército y se convierten en las primeras víctimas de este conflicto institucional que no ha sido manejado de manera adecuada ni por los organismos judiciales, ni legislativos de Honduras apoyados por ejército e Iglesia hondureña, ni por la OEA y su Secretario General, José Miguel Insulza, ni tampoco por el propio Manuel Zelaya porque todos ellos parecen acudir a las vías de hecho y no a las instancias jurídicas para resolver los conflictos.
En este caso se aprecia que la Facticidad parece siempre prevalecer sobre la Validez de las normas, y que el entramado jurídico puede dejarse a un lado por las vías de facto. En primer lugar tenemos que analizar la responsabilidad del propio Zelaya que insistió en convocar un plebiscito, que después denominó, maniqueamente ¨encuesta¨, sobre la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso fue declarado ilegal por el Tribunal Electoral, por la Corte Suprema de Justicia y por el mismo Congreso de Honduras que promulgó una ley que establecía que durante 180 días antes y después de las elecciones no se podían realizar plebiscitos o referendos. Zelaya insistió en poner la cuarta urna para la consulta sin tener una base legal y constitucional para hacerlo y ordenándole al comandante del ejército Romeo Vásquez que lo hiciera. Este se negó, Zelaya lo destituyó y éste le dio el golpe militar.
En segundo lugar acudieron a las vias de hecho los poderes judiciales y legislativos que nombrarón a Michelletti porque aprovecharón el golpe de estado producido por el general Romeo Vásquez para entronarse en el poder bajo el argumento de que Zelaya había violado el orden constitucional y legal al querer hacer la consulta sin atender las negativas de los poderes y por la falta de marco constitucional y legal para hacerlo. En este caso Micheletti y los poderes judiciales aprovecharon la vía de hecho del golpe militar para reivindicar su poder, pero un hecho ilégitimo no puede justificar uno legítimo y se encuentran ahora en el embrollo de poder controlar a unas fuerzas militares que se sienten empoderadas y una comunidad internacional que rechaza las tesis que justifican su empoderamiento por las vías ilegítimas.
Por último nos encontramos con la OEA que no ha podido solucionar el impasse por las vías del diálogo y la diplomacia. Invoca la Carta Democrática Interamericana en lo que tiene que ver con que se puede suspender a los países que rompan con el orden democrático al comprobarse que un golpe de Estado a un presidente democráticamente elegido viola los principios de la democracia, algo que nos parece bien, pero acude a apoyar después de la suspensión de Honduras por la Asamblea General de la OEA, la entrada por la fuerza de Zelaya en su país, sin concertar con las partes y establecer una posible solución jurídica al conflicto.
Al parecer la OEA se siente respaldada por el rechazo de Estados Unidos del golpe militar, pero no tiene en cuenta los hechos inconstitucionales e ilegales que desencadenaron el golpe para poder lograr una solución concertada. Es decir que pretende solucionar el conflicto apoyando únicamente los argumentos de Zelaya, que representa al ejecutivo, y que al parecer produjo en primer lugar un ¨autogolpe¨ al no querer acatar las normas constitucionales y legales y las órdenes de los demás poderes, y no escucha los argumentos del poder legislativo, judicial y electoral que consideran que su accionar, a pesar de lo ilegitimo, se apoya en últimas en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la propuesta de Zelaya de ordenar por la fuerza la convocatoria al plebiscito
Espera Insulza que la suspensión, el rechazo de la comunidad internacional y la falta de apoyo de Estados Unidos, desencadene la caída de Micheletti y los golpistas. Pero esta táctica le puede salir mal ya que el aislamiento de Honduras puede desencadenar el empoderamiento definitivo de los militares, más muertes y represiones que pueden durar unos días, unas pocas semanas o muchos años. Iniciar un diálogo entre las partes en conflicto con el acompañamiento de personalidades y países amigos en el marco de la OEA parece ser el único camino para solucionar esta profunda crisis que se vive en el país centroamericano.
En este caso se aprecia que la Facticidad parece siempre prevalecer sobre la Validez de las normas, y que el entramado jurídico puede dejarse a un lado por las vías de facto. En primer lugar tenemos que analizar la responsabilidad del propio Zelaya que insistió en convocar un plebiscito, que después denominó, maniqueamente ¨encuesta¨, sobre la posibilidad de establecer una Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso fue declarado ilegal por el Tribunal Electoral, por la Corte Suprema de Justicia y por el mismo Congreso de Honduras que promulgó una ley que establecía que durante 180 días antes y después de las elecciones no se podían realizar plebiscitos o referendos. Zelaya insistió en poner la cuarta urna para la consulta sin tener una base legal y constitucional para hacerlo y ordenándole al comandante del ejército Romeo Vásquez que lo hiciera. Este se negó, Zelaya lo destituyó y éste le dio el golpe militar.
En segundo lugar acudieron a las vias de hecho los poderes judiciales y legislativos que nombrarón a Michelletti porque aprovecharón el golpe de estado producido por el general Romeo Vásquez para entronarse en el poder bajo el argumento de que Zelaya había violado el orden constitucional y legal al querer hacer la consulta sin atender las negativas de los poderes y por la falta de marco constitucional y legal para hacerlo. En este caso Micheletti y los poderes judiciales aprovecharon la vía de hecho del golpe militar para reivindicar su poder, pero un hecho ilégitimo no puede justificar uno legítimo y se encuentran ahora en el embrollo de poder controlar a unas fuerzas militares que se sienten empoderadas y una comunidad internacional que rechaza las tesis que justifican su empoderamiento por las vías ilegítimas.
Por último nos encontramos con la OEA que no ha podido solucionar el impasse por las vías del diálogo y la diplomacia. Invoca la Carta Democrática Interamericana en lo que tiene que ver con que se puede suspender a los países que rompan con el orden democrático al comprobarse que un golpe de Estado a un presidente democráticamente elegido viola los principios de la democracia, algo que nos parece bien, pero acude a apoyar después de la suspensión de Honduras por la Asamblea General de la OEA, la entrada por la fuerza de Zelaya en su país, sin concertar con las partes y establecer una posible solución jurídica al conflicto.
Al parecer la OEA se siente respaldada por el rechazo de Estados Unidos del golpe militar, pero no tiene en cuenta los hechos inconstitucionales e ilegales que desencadenaron el golpe para poder lograr una solución concertada. Es decir que pretende solucionar el conflicto apoyando únicamente los argumentos de Zelaya, que representa al ejecutivo, y que al parecer produjo en primer lugar un ¨autogolpe¨ al no querer acatar las normas constitucionales y legales y las órdenes de los demás poderes, y no escucha los argumentos del poder legislativo, judicial y electoral que consideran que su accionar, a pesar de lo ilegitimo, se apoya en últimas en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la propuesta de Zelaya de ordenar por la fuerza la convocatoria al plebiscito
Espera Insulza que la suspensión, el rechazo de la comunidad internacional y la falta de apoyo de Estados Unidos, desencadene la caída de Micheletti y los golpistas. Pero esta táctica le puede salir mal ya que el aislamiento de Honduras puede desencadenar el empoderamiento definitivo de los militares, más muertes y represiones que pueden durar unos días, unas pocas semanas o muchos años. Iniciar un diálogo entre las partes en conflicto con el acompañamiento de personalidades y países amigos en el marco de la OEA parece ser el único camino para solucionar esta profunda crisis que se vive en el país centroamericano.
