Nuevos blogs

Ya pusimos un nuevo link en la parte derecha titualada: Otros blogs. El primero notas de burdel de una joven amiga escritora que comienza su aventura bloggil. El segundo emigrantes sin destino, que ya teníamos en amicorum en donde se narran los viajes y experiencias de una amiga española especialmente en Japón y otros países asiáticos. Por último el blog de Víctor Solano (Desnudos) sobre noticias de Colombia, Bogotá y sus alrededores, espero los disfruten...

Estocadas al proceso de la parapolitica

Así titula la revista Semana, de esta edición lo ocurrido la semana pasada: la Corte constitucional produjo una sentencia que obliga a revisar el proceso de investigación y juzgamiento de los congresistas ya que considera inconstitucional que en una sola instancia - Corte Suprema de Justicia - se investigue y se juzgue a los congresistas... el fallo no será retroactivo y obliga al Congreso (en donde se encuentran los suplentes de los congresistas investigados) para que haga una ley que separe las competencias de investigación y juzgamiento de la Corte Suprema... La segunda estocada, según la revista, al proceso de la parapolítica fue la discusión que se produjo en el séptimo debate de la reforma política, en donde dos senadores: Juan Carlos Vélez y Rodrigo Lara Restrepo, hicieron varias maniobras para que la reforma se caiga definitivamente la próxima semana al declararse impedidos para aprobarla... Según la revista el gobierno esta interesado en que la reforma política se hunda ya que la considera inconveniente para sus intereses reelectoreros ya que les quitaría mayoría para llevar a cabo la modificación del "articulito" sobre la reelección presidencial ... Todo listo para la segunda reelección como lo advierten hoy domingo los periódicos El Tiempo y El Espectador ... Estas estocadas al proceso se iniciaron con el envió de los cabecillas paramiltitares Mancuso, Don Berna etc. a los Estados Unidos para que no siguieran declarando... Aquí pueden leer el artículo de la Revista Semana "Estocada a la para - política".
*Tomamos la imagen también de la Revista.
También puede ver información sobre este tema en www.congresolimpioya.blogspot.com

Antonio Vega con Nacha Pop

Un videito de Antonio Vega con Nacha Pop en un reencuentro hace algunos años

La columna de Eucario

Silla Vacía, Poder Judicial y Poder Legislativo

Por: Faiber Eucario Falla Casanova

La Silla Vacía, esto es la suspensión provisional del parlamentario mientras se resuelve su situación jurídica, surgió como consecuencia de decisiones judiciales que inciden en la composición del Congreso de la República. El problema de fondo es entonces, la relación entre el máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria y el Congreso de la República bajo un Sistema Presidencial de Gobierno. En efecto, son dos las figuras que este sistema de gobierno utilizó en sus orígenes para defender la independencia del Poder Legislativo respecto del Poder Judicial. El primero es el Empeachment o procedimiento al interior del Congreso con el fin de exigir responsabilidad Político-Jurídica, entre otros a los magistrados de las altas cortes. El segundo es la Inmiunity o procedimiento al interior del Congreso para dejar a disposición del Poder Judicial los parlamentarios en caso de presuntas conductas punibles. La iniciativa de la Silla Vacía nada tiene que ver con El Empeachment pero sí con la figura de la Inmiunity.

La Inmiunity apunta a defender la Composición del Congreso, esto es a fortalecer al Congreso como institución, respecto de ataques injustificados del Poder Judicial a sus miembros. No defiende a los parlamentarios, y en consecuencia la composición del Congreso, en caso de actuaciones del Poder Judicial plenamente justificadas, esto es en ejercicio recto de sus funciones. Cualquiera de las figuras que tienda a remplazar a la Inmiunity debe en consecuencia defender la composición del Congreso y el ejercicio justificado del Poder Judicial respecto de sus miembros. La Constitución de 1991 remplazó la figura de la Inmiunity por la figura del fuero, y en consecuencia, incluso decisiones judiciales injustificadas pueden incidir en la composición del Congreso de la República. La utilidad de la Silla Vacía debe ser analizada, en consecuencia, por su capacidad para corregir la falencia en que incurrió el constituyente originario.

Hemos visto cómo la iniciativa de la Silla Vacía se ubica dentro de la Estructura del Estado en general y en las Relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en particular. El asunto es entonces saber si la iniciativa de la Silla Vacía resuelve la deficiencia estructural que permite la descomposición del Congreso de la República incluso ante ataques injustificados. Para ello es del caso precisar, qué actuaciones del poder judicial respecto de los parlamentarios atacan en forma injustificada la composición del Congreso de la República. Es del caso además, analizar la figura de la Silla Vacía más allá de las circunstancias que le dieron origen, esto es sacarla de lo contingente a lo trascendente y ver el Congreso como institución. En estos términos la discusión se ubica en lo que Hamilton denominó «un gobierno bien organizado», esto es en el diseño constitucional del sistema de gobierno. La fuente que determina la corrección de la iniciativa de la Silla Vacía son entonces aquellos principios que dieron origen al Estado Constitucional en general y al Sistema Presidencial de Gobierno en particular.

La defensa de la composición del Congreso de la República exige que las providencias judiciales respecto de sus miembros tengan una relevancia especial. La presunción de inocencia cuando está en juego el ejercicio del Poder Legislativo debe tener unas garantías especiales. En la actualidad las medidas de aseguramiento proceden contra los parlamentarios de la misma manera que lo hacen respecto de los ciudadanos, y en consecuencia. De esta manera las medidas de aseguramiento proceden cuando se pone en duda la presunción de inocencia de los ciudadanos y cuando además está en juego la independencia del Poder Legislativo. En términos de arquitectura constitucional no es conveniente que procedan las medidas de aseguramiento contra los parlamentarios como proceden respecto de los demás ciudadanos. Es del todo racional, porque además de la presunción de inocencia está en juego la independencia del poder legislativo, que procedan las medidas de aseguramiento respecto de los parlamentarios sólo cuando exista una acusación formal.

La iniciativa de la Silla Vacía no supera el anterior test porque está pensada en términos contingentes y no estructurales. Aunque protege la presunción de inocencia de los parlamentarios, en el sentido de que sólo perderían la curul en virtud de sentencia judicial, el remedio ataca la composición del Congreso de la República. Dejar una silla vacía significa eliminar un representante del pueblo, y en consecuencia, un ataque al Congreso como institución. Además de dejar intacta la ya señalada falencia estructural del Estado la refuerza porque al menos en la actualidad existe la posibilidad de que otros ocupen la curul. Pero ya lo dijo Norberto Bobbio, las reformas cuando son necesarias son imposibles. La defensa en términos trascendentales del Congreso como institución torna necesario regular las medidas de aseguramiento respecto de los Congresistas. El mismo análisis en términos contingentes torna imposible dicha iniciativa porque será vista como una gran defensa de impunidad. El Poder Constituyente es trascendente y la actual Reforma Constitucional contingente.

Una columna de Mariana Jaramillo

Aqui la columna de Mariana Jaramillo en el periódico El Nuevo Dia de Ibague:

Cortinas de humo que hay que correr

Miércoles 28 de Mayo 2008

MARIANA JARAMILLO FONSECA (*) La noticia de este fin de semana fue la confirmación de la muerte de 'Tirofijo'. Hoy quiero recordar que el país pasa por un momento político complejo en el que no se pueden magnificar los supuestos triunfos y menguar las enormes dificultades. Me refiero al boom mediático de la muerte de 'Tirofijo' y cómo esto ha hecho que el país se olvide de la para política, del caso Yidis, y del congreso vergonzoso que tenemos, casi todo recluido en La Picota. La confirmación de la muerte natural del cabecilla guerrillero sólo demuestra que las FARC enfrentan una crisis honda. No quiere decir que estén terminadas como lo quieren hacer ver, porque la guerrilla aún conserva control sobre algunos territorios aunque al Gobierno, y su política de seguridad, les duela. Quiero decir que tal vez la muerte de este 'Tirofijo' no cambie en mucho la dinámica del conflicto armado en el país. No creo que después de este golpe las FARC se animen a negociar como deberían hacer. La cosa va a seguir igual. Considero que hay que mirar con sospecha, como siempre lo he dicho, que hasta ahora se haya confirmado la noticia casi dos meses después. No debe ser gratuito que hayan elegido justo este momento, luego de la extradición de los paras, de lo de Yidis y demás, para dar esta noticia y distraer a la opinión de casos realmente importantes para el futuro del país. También es evidente que todo esto es magnificado por los medios para aumentar la popularidad del señor gamonal y hacer mucho más viable su reelección. Estas son las cortinas que, hábil y morrongamente, pone Uribe para desviar la atención de la sociedad de los conflictos más importantes. Es claro que las FARC están golpeadas, pero no hay que creerse el cuento de su exterminio total pues mientras Chávez las siga apoyando ellas van a seguir teniendo fuerzas para ejecutar sus acciones. Hay que mirar hacia el Congreso y ver si es justo que un puñado de senadores cada vez menor, asuma la representatividad del pueblo colombiano. Yo creo que la sociedad civil para este caso si debe movilizarse y sentar su voz de desacuerdo, su condena a la vagabundería de un Congreso ilegítimo y de una reelección torcida. ¿Serán válidas las leyes y discusiones aprobadas en debates donde hay menos de la mitad del congreso? Como ciudadanos debemos protestar y pedirle al señor Uribe que dé una solución a esto. Pero no una ley morronga como la de la silla vacía, sino una alternativa diferente. Lo más triste es que no va a pasar nada y nada va cambiar. El país va a seguir funcionando así: El Señor Capataz se va a hacer reelegir, las víctimas de los paras van a quedar sin ser reparadas, los parapolíticos van a salir a hacer política de nuevo y así seguiremos. En este país nos acostumbramos a todo hasta a vergüenzas políticas como este Congreso y el descaro del Gobierno de armar tremendo montaje de medios para tapar lo que realmente tiene más jodido a este país. Por favor de nuevo a sospechar, a no tragar entero. Ojalá y con esto las FARC se animaran a negociar, pero bien sabemos que eso es casi un imposible. Psicóloga Pontificia Universidad Javeriana Magister Literatura Hispanoamericana Instituto Caro y Cuervo

Antonio Vega

Aqui un video del gran Antonio Vega

La columna de Maria Luisa

Aqui una columna de Maria Luisa Rodríguez Peñaranda sobre la situación del país. Pinchando acá se puede encontrar más articulos de M.L

EL PRESIDENCIALISMO CANIBAL
Por: Maria Luisa Rodríguez Peñaranda

Desde que el célebre libro del profesor Juan Linz “El quiebre de las democracias” analizara los peligros que el diseño y estructura del régimen presidencial acarrea, es bien sabido que las crisis de gobierno presidencial suelen ser caóticas y en ocasiones, un verdadero desafío para la democracia. Así mismo se conoce que el régimen permite el regateo de votos del ejecutivo al legislativo, debilitando a este último, y que los periodos fijos del presidente, cuando este es impopular, no ofrece salidas institucionales a la pérdida de confianza en el gobierno por los ciudadanos.

En Colombia ya desde 1910 un grupo político autodenominado “Unión Republicana” diagnosticó que para contrarrestar el autoritarismo que el régimen presidencial favorece, debía establecerse un fuerte control político en manos del Congreso. Pero como la historia reciente les enseñaba, luego de la dictadura de Reyes con apoyo del Congreso, que el legislativo resulta ser sumamente sensible a los coqueteos del presidente, tal control resultaba teóricamente útil y sumadamente limitado en la práctica. Por ello consideraron que además de la intervención del Congreso debían introducirse herramientas eficientes para que fuesen los ciudadanos quienes, vigilantes de la actuación estatal y con ayuda de una rama judicial fuerte e independiente, controlara los desenfrenos del presidente. De modo que el republicanismo de inicios del s. XX estimó que la justicia debía asumir funciones de control no solamente jurídico sino incluso político, dejando en sus manos nada menos que la defensa de la democracia.

Dentro de los controles al presidente la Unión Republicana planteó la necesidad de un estatuto de la oposición, pregonó el abandono del faccionismo y condenó el uso de la violencia con fines políticos, eliminó la reelección presidencial, y reinsertó uno de los instrumentos más incomprendidos por el constitucionalismo dominante, la acción pública de inconstitucionalidad. Entendida, ésta última, como una herramienta de defensa de la Constitución cuya titularidad debía recaer en los ciudadanos, facultándolos para impugnar las leyes y decretos con fuerza de ley por considerar que vulneran la Constitución.

El legado republicano de la no reelección presidencial, como sustrato de la idea ateniense de que la rotación en el poder tenía una doble funcionalidad, evitar el abuso y concentración de poder, así como, ampliar la posibilidad de acceso a los cargos públicos, fue mantenido sin cesación de continuidad desde 1910 y sostenido por la Constitución de 1991.

No obstante, con el arribo del Presidente Álvaro Uribe y su proyecto de “seguridad democrática” se aprobó la enmienda constitucional (Acto Legislativo 02 de 2004), posteriormente avalada por la Corte Constitucional (que reformó el art. 197 superior), levantando la prohibición y permitiendo la reelección presidencial por una sola vez.

Si bien aparentemente tal reforma constitucional no generaría por sí sola una modificación profunda del régimen, lo cierto es que debido a las alargadas competencias nominativas y regulativas del Presidente, y en especial, a su capacidad para influir en los órganos de control mediante la nominación de sus integrantes (la Junta Directiva del Banco de la República, la Corte Constitucional, el Procurador, el Fiscal), sin que se hubiese realizado un ajuste en los periodos de dichos cargos, colocó al Presidente en una situación de predominio y control del Estado desconocida en la historia reciente de Colombia. Esto desde lo institucional, a lo cual habría que sumar la actuación de los grupos armados de derechas y los servicios que amablemente prestaron a los partidos apiñados a Uribe, al hacerlos beneficiarios, implementando todo aquello que mediante la fuerza y el terror contribuya a manipular, modificar y en últimas exterminar el voto disidente, del “apoyo” popular.

A menos de dos años de implementada la reelección y de avance simultáneo del proceso de desmovilización del brazo armado del paramilitarismo, Colombia enfrenta una grave crisis, más que de gobierno, institucional.

Una crisis desatada por un cúmulo de eventos desafortunados, salidas fuera de tono y escándalos políticos como: 1) La deshonrosa situación que vive el Congreso con 60 de sus representantes vinculados con la parapolitica y 30 de ellos efectivamente capturados, la mayoría de ellos de la coalición de partidos uribistas, gracias a la cual las reformas legislativas y constitucionales fueron aprobadas sin el menor tropiezo; 2) La confesión de una congresista, ahora tras las rejas, por negociar según ella con el mismísimo Presidente su voto a favor de la reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial a cambio de cargos políticos; 3) La tentativa de evasión de la justicia por parte del también Senador Mario Uribe, primo del presidente, quien al conocer la orden de captura que pesaba sobre él buscó asilarse en la embajada de Costa Rica, con el vergonzoso desenlace del carro blindado y los abucheos de las victimas mientras se dirigía a la Fiscalía. 4) La propuesta efímera pero diciente del gobierno de crear un nuevo tribunal que desplace a la Corte Suprema de Justicia y a su Sala Penal del proceso adelantado valientemente por ese tribunal para encauzar a los responsables políticos de la parapolítica. 5) Las demandas que el propio presidente presentara ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, de mayoría gobiernista, contra el expresidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia, por la acusación de este último, de que el presidente lo llamó para preguntarle por el proceso contra su primo.

Sin duda, el entorno de denuncias mutuas, desconfianza entre antiguos amigos, fin de coaliciones (planteada por el Comisionado de paz al pedirle a todos los partidos uribistas que se autodisuelvan) ha sido generada por el artilugio más fortalecido por el Presidente Uribe para desarticular a la guerrilla, la delación y la promoción de una “red de informantes”. De hecho el malestar general en la política, y en los políticos, tiene como denominador común el miedo a que algún paramilitar los mencione dentro de las confesiones que en el marco de la Ley de justicia y paz se les exige para hacerse acreedores a la rebaja de pena. Todo ello en un entorno de capturas cotidianas, la certeza de que esto apenas comienza y que aún falta judicializar el apoyo a la “parapolitica” en la mayoría de departamentos, y un creciente rumor de que pronto empezaran a rodar cabezas de gremios, empresarios, militares y jueces.

Ahora bien, pese al nerviosismo que inunda el ambiente político, el presidente continúa exhibiendo un flamante 83% de popularidad mientras que el Congreso cayó 21 puntos, llegando a un 32% de aceptación popular. Al parecer, mientras que los colombianos no asuman que tal crisis compromete la estabilidad económica ni afecta su percepción de la seguridad ciudadana, la imagen del presidente se mantendrá intacta.

En cambio la debilidad del Congreso es evidente. Algunas de sus comisiones se encuentran sin el quórum suficiente para deliberar y las vacantes de los congresistas capturados son, con frecuencia, llenadas con candidatos que obtuvieron votaciones inferiores a las requeridas para integrar órganos locales, lo que además impide que aún teniendo la voluntad para adelantar una reforma política que les ayude a solventar la crisis, ello sea legítimo. Más allá de lo previsto, el presidencialismo actual ha sido capaz no sólo de deslegitimar al Congreso. Es más, lo ha devorado.

Ante este panorama, en las últimas semanas se han generado una serie de propuestas que buscan hallar una salida a la crisis: desde cerrar el Congreso, convocar nuevas elecciones, realizar una nueva reforma constitucional que refunde los partidos políticos y destierre la parapolitica, la renuncia del presidente, etc. Propuestas todas ellas traumáticas e inciertas, y en cualquier caso, no previstas por el régimen.

Destaca, dentro de este cúmulo de voces la de Humberto Sierra, actual presidente de la Corte Constitucional, magistrado que avaló la reelección presidencial y que en medio de silencios frente a qué opina sobre la segunda reelección del Presidente dejo entrever un callado lamento ¿por qué aprobamos la reelección?!!!”