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La Corte Suprema de Justicia en una decisión apretada de 5 - 4 falló (
ruled) el pasado jueves 12 de marzo en los casos
Boumediene vs. Bush y Al Odah vs. U.S que los más de doscientos setenta detenidos en
Guantánamo tienen derecho al
Habeas Corpus y por lo tanto pueden alegar en las cortes federales para reclamar este derecho y ser liberados. Esta decisión se presenta después de los casos
Hamdi, Rasul y
Hamdan en donde la Corte Suprema había dado la razón a los presos a tener un debido proceso aún sin estar en territorio estadounidense. Como explica
Jack Balkin en un reciente
post en Balkinization, el fallo de
Boumediene refleja una posición de contrapeso y de control por parte de la Corte Suprema que lleva a que la "revolución constitucional" que pretendía llevar a cabo
George W.
Bush después de los hechos del 11 de septiembre se limite. Dicha "revolución" consistía en el fortalecimiento del poder del ejecutivo, de los organismos de seguridad y de la restricción
concomitante de los derechos y libertades de los ciudadanos y en este caso de los detenidos. Después de la
euforía del 11 de septiembre y las ideas de "guerra preventiva" o contra el "terror" y el evidente giro hacia la derecha de todas las instituciones en Estados Unidos, en el 2008 parece que se contienen estas tesis y las aguas vuelven a su curso. Siete años de detención, de vejaciones y torturas sin proceso, sin jueces y garantías de los presos de
Guantánamo sería considerado si
tuviéramos la posibilidad de aplicar la fórmula de
Radbruch como un "no derecho" que llevaría a la situación de excesiva o extrema injusticia.
Beccaria y el derecho penal sería reemplazado por las
neonazistas tesis del "derecho penal del enemigo" en donde los presos no serían sujetos de un derecho penal ordinario sino excepcional. Que el país más poderoso del mundo con la aceptación tácita de la comunidad internacional produjera este tipo de situaciones era una vergüenza que se pretende remediar con este fallo. Los votos disidentes a la decisión mayoritaria en
Boumediene fueron de los jueces
Scalia,
Roberts,
Alito y Thomas quienes
considerarón que el
Writ de
Habeas Corpus no se podía aplicar a enemigos de guerra detenidos en territorio extranjero. El fallo de la mayoría tuvo en cuenta lo tratados internacionales y la Convención de Ginebra.