Ayer entrevistado Juanes en un noticiero, lamentaba la muerte de las más de 120 personas en Bello, Antioquia mientras promocionaba su nuevo disco Parce. Decía más o menos que en todo caso se trataba de una catástrofe natural y de que esto nadie era culpable. En Chile mientras tanto más de 80 presos terminaron muertos después del incendio en la prisión de San Miguel, la mayoría asfixiados. La tragedia de Bello en donde más de 120 personas murieron tras una avalancha de tierra y lodo, y la tragedia de Chile no son comparables, excepto que se trata de tragedias nacionales. Pero lo que si se puede revisar es que ambos hechos se trata no de condiciones climáticas, avatares de la naturaleza o hechos lamentables, sino hechos previsibles que tienen directamente una responsabiliad estatal.
Los hechos de Bello, tienen que ser investigados, quién autorizó las licencias de construcción, si eran viviendas ilegales porque no se tomaron políticas de reubicación, quién autorizó que un lavadero de carros, con aguas filtradas estuviera justo encima del barrio que se desplomó, quién es en últimas el responsable de la pobreza y si el estado tiene que responder por los daños derivada de ésta. El caso de Chile da lugar a otras reflexiones. En el blog de Roberto Gargarella ya se ha hecho un interesante debate en donde se habla de un sistema penal represivo y punitivo y no resocializador con búsqueda de penas alternativas. Cárceles hacinadas que encuentran en la privatización la solución. Ver el post aquí.
La Universidad Diego Portales de Chile ya ha abierto la posibilidad de accionar contra el estado por los hechos de la cárcel de San Miguel en su labor de clínica jurídica y de promoción de acciones de interés público. Si el rescate de los mineros encubrió el problema de la explotación de las minas en Chile y sus cientos de mineros muertos, parece que el caso del incendio de la cárcel de San Miguel pondrá en evidencia las falencias de un país que muchas veces es tomado como ejemplo en la región.
Si la Diego Portales ya tiene una página para asesorar a los familiares de los presos muertos, en Colombia ninguna universidad, ONG o grupo de interés se ha pronunciado sobre la posibilidad de demandar al estado por las familias muertas en el alud del Barrio la Gabriela. ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Quién responde por los hechos? ¿Quién responde por la falta de previsión? ¿Quién responde en últimas por las catástrofes y daños derivados de la pobreza?
Links:
- Universidad Diego Portales página de asesoría a familiares de los presos aquí.
- Informe anual de Derechos Humanos en Chile, 2010, Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales aquí.
- Post de Gargarella sobre hacinamiento en las cárceles aquí.
- Página del Municipio de Bello sobre el alud en el Barrio la Gabriela aquí.
