En norteamerica los estudios empíricos sobre el derecho ha derivado en múltiples tendencias como por ejemplo la Law and economics que mide los costos económicos del derecho y de las decisiones judiciales, o los estudios más a la europea de la sociología del derecho, social legal studies, en donde se utilizan los datos para verificar cómo repercute el derecho en la sociedad, la eficacia de las normas o de las sentencias, cuáles son las necesidades de la sociedad respecto al derecho o cómo surge el derecho a partir de las prácticas sociales o de las relaciones económicas como la globalización (Boaventura, Twining).
En Colombia los estudios empíricos del derecho, son escasos, o cuando los hay los hacen economistas, sociólogos, antropólogos y pocas veces abogados que no manejan las técnicas de análisis de datos.
Para autores como Brian Leiter, no hay que caer en el fetichismo de los números, y si bien es cierto, es bueno contar con estudios empíricos en el derecho, la cifra no se puede convertir en un argumento incontrovertible. Del mismo modo, Leiter específica que los datos per se nada nos dicen y lo que hay que empezar a analizar son criterios conceptuales e hipótesis que se pregunten por nuevos supuestos o que deconstruyan las categorías tradicionales, porque el exceso del empirismo o el empirismo por el empirismo a nada conduce. La critica de Leiter se parece al debate que se ha dado en las ciencias naturales de si lo importante son las comprobaciones o refutaciones (Kuhn, Popper, Feyerabend) o la analítica y el uso de las categorías conceptuales (Wittgenstein, John L. Austin, Derrida). La critica a la ELS (Empirical Legal Studies) por parte de Leiter aquí.
Recientemente estuve en la presentación del libro de José Miguel de la Calle titulado ¨La justicia que necesita Colombia¨, publicado por Legis, 2010. De la Calle utiliza las cifras para proponer luego políticas estructurales de cambio en la siempre lenta y para muchos ineficiente Rama Judicial. Una de ellas, Colombia es el país de Latinoamerica en donde más se demoran los procesos judiciales, sin embargo invierte $500 millones de dólares anuales en esta área. Del mismo modo dice que, ¨actualmente el Consejo Superior de la Judicatura tiene un inventario total de procesos acumulados, el cual en los últimos tres años ha pasado de 1.800.000 a 2.400.000, cuyo índice parcial de evacuación se ubicaba en 91.9% en 2007¨. Dice además que,
el tiempo de evacuación de los procesos ordinarios que se ubica en 1.448 días, mientras que los procesos ejecutivos tardan 1.723. El tiempo efectivo que dedica el funcionario a cada uno de ellos es de 13.7 y de 7.9 dias respectivamente. Actualmente la jurisdicción ordinaria tiene un inventario acumulado de casi 2.5 millones de procesos. A nivel económico, los costos anuales de un despacho judicial oscilan entre 97 y 140 millones de pesos; un homicidio le cuesta al Estado más de 33 millones de pesos y para las víctimas la cifra asciende a 73 millones. (Información del libro de De la Calle tomada de la página Marcas y Mercados aqui)Ayer el Presidente Santos proponía de nuevo una reforma a la justicia, ya es como la quinta propuesta si se suman con las que propusó Uribe en su momento, pero esta vez consensuada con las altas cortes. Sin embargo, el Magistrado Francisco Escobar del Consejo Superior de la Judicatura decía que el presupuesto asignado a la Rama Judicial era cada vez más limitado y el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, anunció que el gobierno se tendría que apretar el cinturón, ya que Santos prometió en campaña no subir los impuestos, y una de los presupuestos que se limitarían sería el asignado a la rama judicial. De nuevo se piensa en el fetiche santanderista colombiano del cambio normativo como la solución de los problemas que parece más un tema presupuestario, de cultura y de efectividad.
Las fallas en la administración de justicia son evidentes en los tribunales y Cortes muchas veces se ha visto a algunos abogados llevando mariachis para celebrarle los quince años a algún proceso, y visitar cualquier despacho judicial evidencia el retraso y el caos en la administración de justicia. El edificio de los juzgados de la décima se incendió y el Ministro del Interior y de Justicia Vargas Lleras salió diciendo en tono populista que hay que reubicarlos, pero todavía no sabe si las cuentas le alcanzan en el Ministerio, que se escinde, para hacerlo. No se si haya corrupción en la rama en la asignación y administración de los recursos por parte del Consejo Superior, pero crear una gerencia y una contraloría de recursos puede ser una buena alternativa de cambio, al menos para que esa poca plata que hay no se malgaste.
Por ahora los dejo con un buen blog sobre el empirismo del derecho titulado Empirical Legal Studies.