sábado, 27 de junio de 2009
El lorito mañoson desde Chachapoyas
jueves, 25 de junio de 2009
La muerte de Michael Jackson y Alicia Delgado desde Cajamarca
miércoles, 24 de junio de 2009
En Cajamarca como en casa...
domingo, 21 de junio de 2009
Sin Permiso
Cumbre en Yekaterinburgo: ¿hacia el fin del régimen del dólar? Michael R. Krätke
Gran Bretaña lleva 300 años exportando el malestar social: ahora lo tiene en casa George Monbiot
Entre Berlín y el VaticanoJosé Luis Fiori
Los frentes de la batalla poselectoral en Irán Robert Dreyfuss
Demasiado pobres para salir en las noticias Barbara Ehrenreich
El peligro que se cierne sobre Irak: una plaga de serpientes Patrick Cockburn
Fernando “Pino” Solanas, Ante las elecciones argentinas del 27 de junio. Entrevista política Pino Solana
In memoriam Peter Gowan (1946-2009) Misha Glenny · Phil Hearse
¿Un mundo tripolar? Juan Gelman
Las Memorias de Rossana Rossanda: para el libro blanco del comunismo en el siglo XX Francisco Fernández Buey
Irán, dividido como nunca antes entre reformistas y conservadores Robert Fisk
Veracruz, puerta de la libertad. El exilio republicano, 1939-2009 Cuauhtémoc Cárdenas
El poeta Pedro Garfias en el barco Sinaia: a 70 años del exilio republicano español
Anónimo
La guerra contra los pueblos indígenas Francisco López Bárcenas
sábado, 20 de junio de 2009
Impresiones de Lima a una semana
Después estuvimos dando la charla sobre la seguridad humana, pobreza, crimen organizado y derechos humanos, hable sobre las posibles políticas públicas a implementar, especialmente lo que resumí en el pasado post, de evitar el populismo penal, analizar y erradicar las causas del crimen, que muchas veces se relaciona con la pobreza y las carencias, sin olvidar el respeto por los derechos en la judicializacion, las penas y la condena y hacer responsables socialmente a los medios de comunicacion por la desinformación sobre estos temas, todo con base en el respeto de los derechos humanos y especialmente garantizando la seguridad humana que significa respeto de los derechos en su integridad, especialmente los derechos sociales, económicos y culturales en lo que tiene que ver con las causas del crimen derivadas de la miseria.
En cuanto a Lima me ha sorprendido por su modernidad y progreso. Aunque nos hemos movido en los distritos más pudientes, San Isidro, Miraflores y Barranco, también estuvimos por Magdalena y el Centro de Lima. Me falta Acho, el barrio chino y barrios altos para llevarme una postal menos sesgada. Sin embargo, lo que más me ha gustado es el optimismo de sus gentes y el orgullo de ser limeños, el ambiente bucólico del invierno con el cielo siempre nublado, con la presencia del mar, los lindos acantilados y algunas ruinas indígenas como la Huaca Pucllana y parte del camino inca en la Universidad Católica me dejaron con una muy buena impresión.
Sobre los sucesos de Bagua, se ha hablado todo el tiempo. Los decretos 1090 y 1064 fueron finalmente derogados ayer por el Congreso. Alan García admitió que cometió errores, los indígenas desbloquearon las carreteras y tanto apristas, omalistas como fujimoristas movieron sus fuerzas para concretar la derogación. Al final 24 policías muertos, 10 civiles y se habla de cadáveres desaparecidos entre ellos el cuerpo del mayor de la policía Felipe Agustin Bazan que desapareció en el operativo de desalojo de los indígenas en la curva del diablo. Aunque ayer aparecian las fotos de los indígenas junto a la policía, parece todavía inexplicable lo que paso y se pide responsabilidades mayores del hecho que se produjerán casi cuarenta muertos en estas protestas.
Al parecer la Constitución de 1993 necesita ser revisada para reconocer el multiculturalismo, incluir la participacion indígena en el Congreso y obligar siguiendo el bloque de constitucionalidad a la Consulta previa siguiendo el Convenio 169 de la OIT. Cuando uno esta lejos uno trata de comparar con su referente más cercano que es su propio país y piensa en las sentencias de inconstitucionalidad que derogaron la reforma forestal y la ley de tierras o estatuto de desarrollo rural precisamente por la falta de Consulta.
Sin embargo, pienso que el tema indígena tanto en Colombia como en el Perú es un problema complejo y difícil de resolver especialmente cuando se trata de explotación de los recursos como el petróleo, el gas, la madera, los recursos mineros y el agua. El diálogo y la concertación, asi como una normatividad que reconozca unos derechos inalienables de las comunidades nativas parece ser la única salida posible a este dilema.
viernes, 19 de junio de 2009
Evitar el populismo penal, mirar las causas y no sus consecuencias y evitar la manipulación mediática
Por esta razón la terminologia esta cambiando y se habla ahora de seguridad humana. Con este concepto lo que se quiere significar es que para garantizar la paz y la armonía en una sociedad, se debe pensar en términos de garantías de los derechos no solamente los civiles y políticos sino también los sociales, económicos y culturales para que se paleen las causas de la criminalidad derivadas muchas veces de la pobreza y la miseria, y no sus efectos, el crimen y la pena como tal. Por esta razón también se debe evitar el populismo penal que consiste en tomar el tema de la seguridad, la lucha contra el crimen como bandera politica, para catapultar o impulsar a un politico o subir en las encuestas. Estos son remedios coyunturales, improvizados e ineficaces a largo plazo para detener la delincuencia y el crimen. Se debe pensar en políticas públicas estructurales e integrales en donde el ciudadano este dotado de los derechos básicos para garantizar de éste modo su seguridad humana.
De otra parte se debe evitar la manipulación mediática con relación a la delincuencia y la seguridad. En una sociedad de la información que muchas veces desinforma y manipula, se debe exigir en una política pública acertada la responsabilidad de los medios de comunicación en su labor a través de los codigos de conducta y buenas prácticas.
Estas tres estrategias, evitar el populismo penal, pensar en las causas de los fenómenos delictivos además de sus consecuencias y penalización, así como evitar el fenómeno de la desinformación mediática pueden ser tres elementos que establezcan unas bases estructurales para una política de seguridad humana integral que tenga como base el respeto y la protección de los derechos humanos.
jueves, 18 de junio de 2009
Hoy en el Instituto de Derchos Humanos de la Católica de Perú
Especialistas en temas de seguridad de Latinoamérica analizarán delincuencia y pobreza en la región
Especialistas en temas de seguridad y delincuencia organizada de diversas universidades de América Latina se congregarán en Lima con ocasión del seminario internacional Seguridad humana, delincuencia organizada y pobreza: una mirada desde los derechos humanos, que organiza el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) este jueves 18 de junio a las 5:40 p.m. en el Centro Cultural de la misma casa de estudios.
En el seminario se abordará la relación entre el concepto de pobreza y los conceptos de seguridad humana y delincuencia organizada, así como las respuestas que se han elaborado desde el campo de los derechos humanos y las políticas públicas en la región.
El evento se realiza en el marco de la reunión del Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos, conformado por diversas universidades de América Latina y que cuenta con 16 estudios de maestría en esta especialidad.
El evento contará con dos mesas. La primera sobre pobreza y seguridad humana, donde participarán Miguel Rábago, de la Universidad Iberoamericana de México (México); Federico Di Bernardi, de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina); Elizabeth Salmón, Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) y Carlos Basombrío, analista político y experto en temas de seguridad (Perú). En la segunda mesa sobre políticas públicas en la región, participarán Maria Luiza Alencar, Universidad Federal de Paraiba (Brasil); Antonio Maues, Universidad Federal do Pará (Brasil); Gonzalo Ramírez, Universidad del Externado (Colombia) y Yanira Zúñiga, de la Universidad Austral de Chile (Chile).
Para asistir debe inscribirse al correo: larrunategui@pucp.edu.pe. El ingreso es libre.
Fecha: 18 de junio
Hora: 5:40 p.m.
Lugar: Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075. San Isidro).
Se agradece su difusión.
miércoles, 17 de junio de 2009
Por el centro de Lima
Foto tomada del Blog de Pabsala "Tildes Omitidas"
lunes, 15 de junio de 2009
Católica y San Isidro
Lima el fantasma de Melville
viernes, 12 de junio de 2009
Minga Informativa de la masacre de Bagua
Las noticias nos llegan a cuentagotas y parcializadas, por una lado la información de los pueblos indígenas de que estan siendo masacrados después de haber sido tiroteados desde helicópteros, por otro lado la información del gobierno de que los indigenas ya han matado a más de 22 policías, y que por ende la manifestación no es pacífica.
El conflicto se generó por la aplicación de varios decretos que se expidierón tras la aprobación del TLC con Estados Unidos, especialmente el Decreto 1090 que ya fue suspendido el miércoles, que permiten la expropiación de tierras a los indígenas amazónicos para ser explotadas económicamente sin su consulta, consentimiento y provecho. Los decretos posibilitan la explotación de petróleo, gas, madera y realizar cultivos de caña para producir biocombustibles. También se protesta por la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa brasilera, que tampoco fue consultada a las comunidades amazónicas.
Se indica que la cifra de indígenas masacrados es indeterminada, que se han ocultado cadáveres, que han habido torturas y se muestran cadáveres de indígenas con quemaduras. Las imágenes son bastante dicientes, se ven indígenas armados con lanzas, palos, y caucheras muchos de ellos pintados, que se enfrentan a policías armados hasta los dientes que les disparan, algo recuerda a las protestas en el Cauca y la gran Minga nacional del año pasado. Los dejo con una Carta de los pueblos indígenas que me llegó a mi correo de parte de Unidad en la diversidad. en lo que se denomina una Minga Informativa de los movimientos sociales.
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Perú: Manifiesto al País y al Mundo Frente Nacional Comunitario por la Vida y la Soberania
Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARO NACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo! EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria. Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio! ¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009
Por otro lado aquí esta de nuevo el Comunicado del Relator especial para asuntos indígenas Jame Anaya publicado en el blog de Bartolomé Clavero, la llegada de la actriz Q ´orinka Kilcher y la información del New York Times del viernes.
jueves, 11 de junio de 2009
martes, 9 de junio de 2009
Shakespeare y el derecho
domingo, 7 de junio de 2009
Uribe desatado
Por: Gonzalo A. Ramírez Cleves
sábado, 6 de junio de 2009
Obamamania en Omaha Beach
Mi primer pantallazo
Audio de Thomas Pogge sobre Justicia Global y pobreza
viernes, 5 de junio de 2009
Jurisprudencia derechos de los niños y adolescentes 2009
1. T-055/09 Derecho a la Salud, Obesidad Morbida, consentimiento informado
2. T-022/09 Derecho a la educación, niño con discapacidad se ordena remover los óbstaculos para poder desplazarse
3. T-202/09 Derecho a la alimentación, cuotas alimentarias en cabeza del abuelo, tutela contra providencias judiciales
4. T-203/09 Derecho a la educación principio pro infante, el niño fue expulsado del colegio por realizar unas muecas, readmisión colegio de la Salle, el proceso no se realizó, sanciones símbólicas publicar la sentencia.
5. T-064/09 Derecho a la Vivienda, mal uso de vivienda de desplazado
6. T-1091/08 Derecho a la igualdad y evitar el trato discriminatorio, Tutela contra providencias judiciales
7. T-1223/08. Derechos de los niños menores de un año, derecho a la alimentación, licencia de maternidad, minímo vital
8. T-087/05 Libertad de movimiento, sentencia contra transmilenio
Sentencias de Tutela destacadas en el primer semestre del 2009
Derecho a la educación y discapacidad, se debe facilitar el traslado y desplazamiento:
T-022/09
Acción de tutela contra Institución Educativa. Protección constitucional al derecho a la educación de los niños con discapacidad. Caso en que menor padece una discapacidad motora que le dificulta el traslado y el desplazamiento a tiempo a los salones de clase durante la jornada escolar. El método de acceso a las aulas que rige en la entidad demandada en sí mismo no viola los derechos de los educandos, pero en la práctica no está diseñado para contingencias como las de un alumno discapacitado o con dificultades de movilización. Es un modelo educativo que no consulta la población discapacitada, sino que está inspirado en otro tipo de intereses como son el cuidado de los pupitres y de los útiles del colegio. Proyecto de aulas itinerantes no fue concebido para menores con dificultad para desplazarse. Violación del derecho a la educación de la menor. Se concede la tutela y se ordena al colegio tomar todas las medidas para remover todos los obstáculos que impidan a la menor ejercer su derecho.
Derecho a la salud, bypass menor con obesidad mórbida, consentimiento informado:
Derecho a la salud de menor de edad que sufre de obesidad mórbida. Se concede el amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la demandante. Se ordena a la EPS que, previamente a la realización de la intervención quirúrgica de bypass gástrico por laparoscopia que le fue prescrita a la menor, la someta, en un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas, a una valoración por un grupo multidisciplinario de especialistas, que le suministren a ella y a sus padres la información pertinente en forma clara y concreta, sobre los beneficios, riesgos y demás consecuencias que pueda generar en su salud y en su organismo y especialmente para una menor en pleno desarrollo la cirugía de bypass gástrico por laparoscopia, para que la menor y sus padres manifiesten de manera libre y espontánea su voluntad de someterse al mismo. Una vez obtenido el consentimiento informado de la paciente y de sus padres, la EPS dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes autorizará y gestionará la práctica de la intervención quirúrgica, la cual deberá realizarse dentro del mes siguiente al vencimiento de dicho término, de conformidad con las prescripciones e indicaciones del grupo multidisciplinario de especialistas de la EPS
Desplazamiento forzado, reparación de perjuicios:
Acción de tutela contra Acción Social. Procedencia de la Acción de Tutela para obtener la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado. Víctimas del desplazamiento forzado como sujetos de especial protección constitucional. Derecho fundamental a la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado. La justa indemnización es uno de los componentes del derecho a la reparación. Se condena en abstracto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social, a pagar los perjuicios causados a los accionantes por el desplazamiento forzado, de conformidad con el monto que fijará la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
Mínímo Vital:
Acción de tutela contra Secretaría de Educación de Bogotá. La entidad demandada retiró al demandante del servicio por haber cumplido la edad de 65 años, pero aún no le había sido reconocida su pensión, a pesar de haberla solicitado. Manifestó que su situación económica es difícil, pues desde su retiro no recibe ningún ingreso, razón por la cual no cuenta con ingresos para satisfacer sus necesidades y las de su familia, entre ellos dos hijos menores de edad. Se considera que en este caso se está vulnerando el derecho fundamental al mínimo vital. Procede la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la edad de retiro forzoso. Se ordena el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno equivalente, hasta tanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se pronuncie de fondo y de manera definitiva con respecto a la solicitud de pensión presentada en el año 2007.
Indígenas y la prestación del servicio militar:
Acción de tutela contra el Ejército Nacional interpuesta por la señora Madre de Indígena, que solicita que se le exonere de seguir prestando el servicio militar, por cuanto es su único hijo varón, y su esposo falleció hace algunos años. Procedibilidad de la acción de tutela presentada por familiares. Derecho colectivo fundamental a la identidad cultural indígena es una garantía de la comunidad y de cada uno de sus miembros, para poder actuar según su cosmovisión, dentro y fuera del territorio tradicional. Excepción por diversidad etnocultural respecto del servicio militar obligatorio. Diversos mecanismos que pueden ser aplicados para establecer la condición de indígena de una persona. Comunidades indígenas tienen derecho a participar en las decisiones que las afecten. Un joven indígena tiene el derecho a incorporarse al Ejército Nacional a prestar servicio militar “voluntario” y, por tanto, a desincorporarse cuando voluntariamente así lo decida. El consentimiento que otorgue debe ser libre e informado. Reclutamiento de indígenas debe adecuarse a la Constitución y a la Ley.
La estatura para ingresar al cargo de Dragoneante en el INPEC vulnera el derecho a la igualdad y acceso a los cargos públicos:
Acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. El derecho a la igualdad frente a la estatura como criterio de selección para acceder a un cargo público. Razonabilidad de los requisitos para el cargo de Dragoneantes del INPEC, considerando la naturaleza de las funciones que desempeñan. Al no probarse la necesidad del requisito de estatura, o la injerencia de la escoliosis en el cargo señalado, el fundamento de la discriminación de que fueron objeto queda sin demostrarse, y por tanto, las decisiones que declararon a las actoras no aptas para aspirar a los cargos mencionados han vulnerado sus derechos a la igualdad y acceso a cargos públicos. Las decisiones adoptadas, excluyentes de las accionantes al proceso de selección, quedan sin efecto.
Mal uso de vivienda otorgada a Desplazado:
Acción de tutela instaurada por Madre cabeza de grupo familiar, desplazada por la violencia, contra su ex esposo y varias entidades oficiales, por cuanto éste hizo uso inadecuado de la vivienda adquirida mediante el subsidio familiar que le fue asignado por el Fondo Nacional de Vivienda para ser aplicado en la modalidad de adquisición de vivienda. Es inexistente, dada la ilicitud de su objeto, el contrato de arrendamiento celebrado por el demandado con un tercero, por lo que se ordena que dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de tutela sea desalojado el inmueble arrendado, pues éste será adjudicado a la accionante y a sus menores hijos, de manera definitiva y con exclusión del demandado.
No puede retenerse el otorgamiento del título aduciéndose la falta de pago, vulnera el derecho a la educación:
Acción de tutela contra la Universidad de Pamplona por cuanto la Universidad se niega a otorgarle el título profesional porque presenta deudas financieras con la Institución. Sin embargo, la demandante ha enviado en diversas oportunidades copia de los recibos de caja y consignaciones hechas, que acreditan que se encuentra a paz y salvo con la Universidad. Señala que ella no puede asumir la carga de la negligencia de la Universidad que permitió que durante varios semestres que personas que la representaban recibieran esos dineros que ella pagó. La Corte considera, reiterando jurisprudencia, que no es posible posponer indefinidamente el grado de un estudiante que cumplió las exigencias académicas, por razones económicas. No se está fomentando la cultura del no pago, sino salvaguardar los derechos fundamentales del estudiante, como quiera que la Universidad cuenta con los mecanismos ordinarios para exigir el pago de la deuda a la cual cree tener derecho.
Nulidad de un laudo arbitral por violar el debido proceso y el acceso a la administración de justicia:
Acción de tutela instaurada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. contra el Tribunal de Arbitramento Telefónica Móviles Colombia S.A. Vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., con vinculación oficiosa de Telefónica Móviles Colombia S.A., la Procuraduría Cuarta Judicial Administrativa de Bogotá, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Se concedió la tutela del derecho fundamental al debido proceso y se declaró la nulidad del laudo arbitral proferido el 7 de noviembre de 2007.
Quitar apartes de una sentencia vulnera su integridad, caso del Ministro Diego Palacios en el caso de Yidis Medina:
El accionante basa su demanda en que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no le permitió concurrir al proceso penal adelantado contra la Excongresista Yidis Medina Padilla para ser oído, presentar pruebas y ejercer el derecho de contradicción. Sin embargo, en la sentencia anticipada en que se le condenó se consignaron imputaciones en su contra, desconociendo que la competencia para ser investigado por posibles conductas delictivas radica en el Fiscal General de la Nación dada su calidad de Ministro de la Protección Social, con lo cual la autoridad accionada le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la igualdad, al buen nombre, a la honra y al acceso a la administración de Justicia. La Corte Constitucional en este caso reitera la regla general de subsidiariedad de la acción de tutela, en virtud de la cual resulta improcedente cuando existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por el legislador para la protección de los derechos presuntamente conculcados. Consideró la Corte que “ la orden dada por el Ad quem, en el sentido de dejar sin efecto y valor jurídico del texto de la sentencia dictada el 26 de junio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, algunos apartes y, además, todos aquellos que tengan unidad inescindible con referencia al demandante, sin perjuicio de la validez de la decisión en lo que respecta a la persona allí condenada, resquebraja la estructura de la sentencia judicial, concebida, como se explicó, como un proceso para la adopción de una decisión, y, efectivamente, afecta su validez, así formalmente se indique allí mismo que no la afecta. En este sentido se debe destacar que, con una lógica jurídica elemental, la eliminación de las menciones a los copartícipes, por el aspecto activo, en la comisión del delito de cohecho, priva a éste de uno de sus dos pilares, de tal suerte que con ello no podría afirmarse válidamente su comisión y literalmente se aniquilaría, dando lugar inexorablemente a una situación de impunidad.
En estas condiciones, en relación con lo antes expuesto, esta Sala encuentra que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no vulneró los derechos al debido proceso incluidos sus componentes del derecho de defensa y la garantía de la presunción de inocencia, al acceso a la administración de justicia, ni al buen nombre y honra …”
miércoles, 3 de junio de 2009
Leiter sobre Dworkin, Video
lunes, 1 de junio de 2009
Abrir camino al ¨Caminante por la paz¨
La semana pasada, Gustavo Moncayo, más conocido como el Profesor Moncayo, el hombre que dejó todo para dedicarse a luchar por la libertad de su hijo Pablo Emilio, un suboficial de apenas 29 años de los cuales 11 ha permanecido secuestrado por la guerrilla de las FARC, instauró una acción de tutela contra el Presidente Álvaro Uribe.
La demanda llega días después de conocerse que el primer mandatario no permitiría la participación de la Senadora Piedad Córdoba en el proceso de liberación del joven Moncayo, anunciado por las FARC en forma incondicional. Con su decisión, el Comandante en jefe de las Fuerzas Militares impedía cualquier posibilidad de liberación del joven, por cuanto era más que predecible que el Secretariado de las FARC no aceptaría, como efectivamente sucedió, la exclusión de la Senadora que en forma personal ha liderado todo el proceso de liberaciones voluntarias por parte de esa organización armada.
Hace un par de semanas el anuncio de las FARC fue recibido con alegría y esperanza, apenas una compensación al arduo trabajo y persistencia de un padre por ver fuera de cautiverio a su hijo. Basta recordar que fue el profesor Moncayo quien con su larga caminata atravesó medio país en el 2007, inicialmente con su hija y poco a poco con multitudes de personas que se iban sumando a su andar y su consigna: pedirle personalmente al Presidente que adelantara el intercambio humanitario.
Entonces, el profesor Moncayo, paso a paso, con sus pies hinchados y gruesas cadenas se fue ganando el respeto de los colombianos. En cada una de sus intervenciones la voz pausada y conciliadora del profesor Moncayo fue obteniendo cada vez mayor legitimidad y su llegada a cada uno de los municipios fue masiva y acogedora, de manera que ad portas de Bogotá miles de simpatizantes lo esperamos para darle la bienvenida al ejemplar padre.
Al verlo me pregunté ¿cómo guardar cordura y tranquilidad cuando veo destrozada la vida de mi hijo por la crueldad de un grupo armado y la pasividad de un gobierno que no muestra la menor compasión por las personas secuestradas? pero justamente el profesor Moncayo, con su ejemplo, nos dio la respuesta. Al demostrar que la huella de un solo hombre podía ser gigante cuando enarbola la bandera de muchos, que un gesto profundo de dignidad puede dignificarnos a todos, que su causa era la nuestra, porque mientras haya un solo colombiano secuestrado nuestra humanidad está bajo sospecha. La lección de Moncayo nos ha transformado como personas, pero también como ciudadanos, pues consiguió sin otro poder que su andar pausado y constante cambiar la agenda de los políticos instalando en el orden del día el tema de los secuestrados y la salida negociada para su liberación.
A cambio de ello, su interlocutor sólo mostró la posibilidad de obtener algún raiting en el medio día, apostó un escenario en la Plaza de Bolívar para repetirle personalmente al Profesor Moncayo que no iba a realizar ningún intercambio humanitario, y dejó entrever cuál era su preferencia: realizar rescates espectaculares como el de la Operación jaque, y asestar golpes definitivos sin medir las consecuencias que generaría ni los medios que se implementasen (como el bombardeo en territorio ecuatoriano a un campamento en el que presuntamente se encontraba Raúl Reyes y que generó el rompimiento de las relaciones con el gobierno del Ecuador aún no restablecidas).
Ahora el presidente dice que no permitirá más espectáculos en la entrega de secuestrados, tal vez porque quiere reservarle el derecho a realizarlos al Ministro de Defensa o porque quiere evitar que nuevamente se cuele la información recurrente de que con cada liberación se incrementan los vuelos militares en las zonas de posible entrega poniendo en riesgo a los secuestrados. Lo cierto es que ahora el Profesor Moncayo acude al juez constitucional con la esperanza de que una decisión judicial consiga dos mínimos, el primero de humanidad y el segundo de honestidad política. En otras palabras, que el juez le ordene al Presidente no jugar con la libertad de las personas y no hacer política con el dolor de los ciudadanos, que en el lenguaje de los derechos sería respetar los derechos fundamentales a la libertad e integridad física del joven Moncayo.
La pregunta final es ¿tendrá el juez la facultad, y la valentía, de ordenarle al Presidente qué hacer en este asunto? Pero quizá la pregunta no sea la correcta, pienso que los colombianos no podemos continuar de meros observadores en el manejo que el Presidente hace del conflicto armado y su supuesta búsqueda de resolución, en vez de consultarnos si queremos una dictadura, que finalmente es lo que encierra el referéndum, merecemos cuestionarnos si queremos tomar parte activa políticamente en la definición y concreción de las formas para salir del conflicto armado, la pregunta necesaria es ¿cuál es el camino para la paz? el profesor Moncayo nos ha mostrado un nuevo sendero.