jueves, 24 de marzo de 2011

Indignación y dolor

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CORTE CONSTITUCIONAL

- Sala Plena –

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de 2011.

La magistrada y los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional, manifiestan su indignación y repudio por el asesinato del que fue víctima la doctora Gloria Constanza Gaona Rangel, jueza penal del circuito de Saravena (Arauca). A su vez, desean expresar su sentida condolencia y acompañamiento a sus familiares, víctimas de tan execrable crimen.

El asesinato de la jueza Gaona Rangel no es solo una grave violación de los derechos constitucionales, sino también un atentado a la integridad y seguridad de la Rama Judicial en su conjunto. La actividad que desarrollan los jueces de la República es imprescindible para la garantía de la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que resultan inadmisibles los ataques a la integridad física y, en general, todo tipo de presiones que obstruyan el ejercicio de sus funciones. Esto implica, además, el deber correlativo del Estado de ofrecer plena seguridad para los jueces y demás servidores judiciales, en especial para aquellos que laboran en zonas en que, como sucedió en el caso de la jueza Gaona Rangel, existen comprobadas circunstancias de riesgo, derivadas del ejercicio de su ministerio.

La Rama Judicial en su conjunto está ante el deber ético de condenar crímenes de esta naturaleza y requerir a las autoridades competentes para que adopten todas las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables, la reparación de sus víctimas y la garantía de no repetición de estos crímenes.

Los jueces de Colombia son continuamente afectados por la acción de las organizaciones criminales. El país ha perdido a valiosos servidores de la justicia, como la jueza Gaona Rangel, quienes con decisión y valentía han ejercido la autoridad judicial en procura de la defensa de los derechos de los colombianos. Si no concurre la acción decidida del Estado para la protección de los servidores de la Justicia, se habrá claudicado en la defensa de uno de los pilares que sostiene al Estado de Derecho.

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Presidente