Por: Gonzalo A. Ramírez ClevesUn Uribe desencajado, relatando sus virtudes morales, políticas y mesiánicas para salvar al país de sus males y de la hecatombe salió por la televisión nacional, el día jueves casi a la media noche para anunciar algo insólito, que en vista de que la Corte Suprema de Justicia en el caso de Yidis Medina había decidido condenarla por cohecho y compulsar copias a la Corte Constitucional para que revisará el Acto legislativo de la reelección, él se sentía en el deber histórico de limpiar su honor con un referendo que convocaría prontamente a través del Congreso. Ante la evidencia de que por ser el cohecho un delito "dual" o de dos partes, y de que se le venía encima una acusación a él como determinador y a sus aseores - Sabas, Diego Palacio, Moreno y Angarita - como ejecutores de la orden de ofrecer dádivas, puestos, notarías, dinero en rama, pozos pétroleros y puestos en el sector salud, como se ha venido comprobando con las pruebas dadas por la ex - representante Medina la propuesta de Uribe parece en extremo insólita y miedosa. Lo insólito de la medida que propone Uribe, y tal vez lo que cause más miedo es que tiene visos de "golpe de Estado" contra las demás ramas del poder, en especial la judicial, ya que estima que es "el pueblo" el que tiene que decidir si en últimas él y sus asesores son culpables o no de determinar la modificación constitucional que lo llevo a un segundo mandato. Una especie de llamado de Pilatos en buscar en la voluntad popular la culpa o la inocencia del Mesías o de Barrabas, sabiendo de antemano con que cuenta con altos índices de popularidad según las encuestas. Que el pueblo decida por medio de un referendo si la elección para Presidente en el 2006 fue legitima o no en últimas lo que esta decidiendo es un juicio a través de las urnas y la aclamación, sin investigación, pruebas y contradictorios al mejor estilo de las ordalias de la Edad Media, es decir echando a tierra los progresos que ha tenido el derecho en los últimos novecientos años y devolviéndonos al siglo XI y XII. En una primera instancia, y con relación a la compulsión de copias de la Corte Suprema a la Constitucional para revisar la inconstitucionalidad del Acto legislativo de la reelección se puede pensar que jurídicamente de nada sirve, ya que aunque la Suprema le envíe a la Constitucional las pruebas fehacientes del cohecho y de la determinación de los congresistas para realizar la reforma, los términos para alegar la inconstitucionalidad ya vencieron. Sin embargo, queda una salida jurídica para la Corte Constitucional, la aplicación del inciso segundo del artículo 49 del Decreto 2067 (Reglamento de la Corte Constitucional) que señala que: "Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso" conocida como el recurso de nulidad, que podría echar abajo el fallo que declaro la constitucionalidad del Acto legislativo 2 de 2004 que aprobó la reelección presidencial, Sentencias C - 1040 del 2005 y siguientes. Porqué la Corte anularía dicho fallo? porque se presento de forma evidente la violación del debido proceso en el examen de constitucionalidad de dicha reforma ya que en ese tiempo no se valoró que existió el cohecho hacia los representantes que ya han sido acusados ahora por este delito. Por tanto el referendo que propone Uribe lo que propugna en últimas es el desconocimiento de los fallos del poder judicial y el reeplazarlos por la voluntad popular maleable en este tipo de casos. El Presidente decide no controvertir el fallo jurídicamente, comprobar su inocencia y la de sus subalternos a través de un proceso; seguramente no tiene pruebas que lo exculpen y lo más seguro es que Yidis tenga la razón del pago de los cheques a Teodolindo, de que le dieron puestos a sus amigos en Notarías y Eps, de qué no le dieron el contrato en Ecopetrol que le prometieron etc. Defenderse a través de la voluntad popular no es más que una estrategia demagógica que le puede salir cara al país, a su institucionalidad y a su democracia, se ha comprobado que los referendos en casos jurídicos son estrategias de los dictadores y autócratas, y tratar de buscar la legitimidad de una elección que de por si fue viciada no es más que un campanazo de alerta, tal vez el más sonoro, sobre que este gobierno no piensa desprenderse del poder cuéstele al país, a las instituciones y a las democracia misma lo que le cueste.
