Chris Kraul del periódico los Angeles Times publica un artículo hoy sobre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Kraul se basa en denuncias de ONG's de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas, Fellowship of Reconciliation y Amnistía Internacional (USA) entre otras fuentes como los abogados y familiares de la víctimas. La cifra es de 287 denuncias de asesinatos por parte del ejército o la policía de civiles que se hacen pasar por guerrilleros y que se conocen como "falsos positivos". La cifra se ha incrementado en un 10 % y la explicación de Kraul a tal fenómeno se debe entre otras causas a las exigencias que el gobierno de los Estados Unidos hace a Colombia por la efectividad de las acciones de las fuerzas armadas por la ayuda económica que se les da - "Plan Colombia"- . Los principales asesinatos y denuncias se han dado en el Meta, en la antigua zona de distensión, y en Antioquia - supongo yo que en la zona bananera y en las "Comunidades de Paz"- . Los abogados de las víctimas acusan a la Brigada móvil No 12 que cumple labores en el Meta en los antiguos municipios de la zona de distensión, en donde todavía se aplica la fórmula detestable que usaban los paramilitares de que "hay que acabar con el agua para acabar con los peces", en relación a que se deben eliminar o hacer labores de "limpieza social" de simpatizantes y auxiliares de la guerrilla para acabar con ésta. Las fuerzas militares, la Fiscalía General de la Nación y el gobierno de los Estados Unidos ya han tomado algunas medidas para contrarrestar esta macabra práctica como por ejemplo incentivar la desmovilización, la captura y entrega de personas antes que de cuerpos o de cadáveres (no fue así en el caso de Iván Ríos al otorgársele la recompensa a alías "Rojas"). En noviembre del año pasado se dio una directiva por parte del Ministerio de Defensa para que se incrementarán las investigaciones de estos hechos por parte de la justicia ordinaria y no de la justicia penal militar, la Fiscalía ha incrementado las investigaciones en los casos denunciados en el Meta y en Antioquia y el gobierno de los Estados Unidos esta pensando en condicionar la ayuda económica con relación a la protección de los derechos humanos. Kraus empieza su artículo con el caso del vendedor ambulante Israel Rodríguez quien vivía en Granada, que salió a pescar un día al río Ariari y fue encontrado muerto portando uniforme camuflado y catalogado como guerrillero. Según su hermana y su abogado el caso de Rodríguez es una de los ejemplos de ejecuciones extrajudiciales en donde se presentan como guerrilleros a civiles como una "estrategía" para mostrar resultados. El artículo de Kraus nos hace reflexionar a nosotros los colombianos sobre estas prácticas que indefectiblemente todavía se presentan y a los que no podemos hacer oídos sordos. Estas denuncias no deben ser tomadas a la ligera en una guerra que si se pretende ganar debe ser con el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado y sobre todo con el respeto de los derechos humanos.
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