Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, noviembre 3 de 2009
-------------------------------------------------------------El debate sobre “Agro, Ingreso Seguro” (AIS) se inició a partir de las denuncias de corrupción, por eventuales irregularidades cometidas en la selección de proyectos, especialmente para riego, y por los beneficios entregados a supuestos narcotraficantes; luego se extendió al escándalo de “las pirámides” formadas con esos subsidios por los donantes a las campañas presidenciales y reeleccionistas y terminó convertido en un asunto de fondo: la discusión pública sobre las políticas agrícolas diseñadas e implementadas por el gobierno de Uribe en más de siete años.
En ese marco se desató un sentimiento de indignación general porque el más alto porcentaje del medio billón de pesos, que en promedio anual forman el monto del AIS, haya terminado concentrado en las arcas de empresas multimillonarias, incluyendo a los más poderosos trusts económicos del país. Nadie puede entender que la Corporación Financiera Colombiana, un puntal del grupo AVAL que en 2008 tuvo utilidades por 224. 778 millones de pesos con activos por 3 billones, 430 mil millones de pesos e inversiones agroindustriales en Unipalma, Pajonales y Pizano S.A.; le ande quitando seis mil millones y algo más de los escasos recursos de AIS a los necesitados campesinos de Colombia. Unipalma, que pretende ser “una de las principales empresas proveedoras de material vegetal de propagación de palma de aceite en el país”, está asociada además con Unilever, la célebre multinacional que en 2008 tuvo ingresos por 40.523 millones de euros ¿Es posible que los dineros de los contribuyentes colombianos vayan a la caja de este gigante consorcio agroindustrial?
También puede examinarse el caso de la firma Agropecuaria Aliar, que desarrolla cría de cerdos, cultivos de maíz amarillo y soya (con semillas importadas) para producir alimentos balanceados en la altillanura colombiana, circundante de los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. Participan un conjunto de empresas agropecuarias, originadas en distintas regiones, pero también están “asociadas” otras como Contegral y Finca S.A., del Sindicato Antioqueño, las cuales junto con Italcol (otro favorecido con AIS), controlan la producción de concentrados para animales, gracias a las importaciones de millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Los financistas del proyecto son el Grupo AVAL (de nuevo), Bancolombia y Helm Services (antes Banco de Crédito). El plan de Aliar, sobre el que se han vertido miles de millones de pesos del AIS, tiene en este programa oficial el apalancamiento financiero que permite a “inversionistas” y prestamistas ir a la fija, ahí sí, con “Ingreso Seguro”. Un esquema similar fue el que se quiso montar en Carimagua, basado en la titularización a futuros de la producción de aceite de palma.
Estos ejemplos, junto con lo ya conocido en etanol y agrodiesel, explican la defensa de lo que Uribe llama la “empresarización del campo”, que no es más que el montaje de una agricultura de élite, respaldada por dineros gubernamentales en manos de una minoría, que sirva de puerta de entrada al campo al capital financiero privado. Hacer de los agro-negocios el nuevo objeto de “financiarización” con el apoyo oficial como soporte primero para cubrir los riesgos inherentes. Uribe mismo manifestó, cuando visitó a Aliar en junio de 2008, que ese “dinamismo empresarial y con empresarios internacionales”, “en el segundo año de la Ley Agro Ingreso Seguro”, estaría levantado “por 200 mil millones de inversión”. No en vano se propaga que AIS ha gastado más de 300 mil millones apalancando créditos, como buen fiador. Los subsidios al crédito (DTF -2) corren al sector bancario que añade a sus ya jugosos balances los recursos del agro. Es obvio que en tal diseño no caben ni campesinos, ni la agricultura familiar y ni siquiera quienes fueron productores modernos (por los años 60 y 70); nada tienen que hacer, están excluidos, los protagonistas ahora son “los cacaos”.
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